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PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
Jueves, 15 de diciembre de 2011
El Departamento de Justicia Divulga Resultados de la Investigación de la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa
Las conclusiones indican un patrón o una práctica de discriminación amplia contra hispanos y represalias contra personas que criticaron las actividades de la MCSO

WASHINGTON - Después de una investigación exhaustiva, el Departamento de Justicia anunció hoy sus conclusiones en la investigación de derechos civiles en curso sobre la Oficina del Alguacil del Condado de Maricopa [Maricopa County Sheriff’s Office (MCSO)].  El Departamento de Justicia encontró causa razonable para creer que la MCSO, bajo el liderazgo del Alguacil Joseph M. Arpaio, ha exhibido un patrón o práctica de conducta indebida que viola la Constitución y la ley federal.  La investigación, abierta en junio de 2008, fue realizada de acuerdo con la Ley de Control de Delitos Violentos y Coacción Legal de 1994 y el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y las normas de implementación del Título VI.

 El Departamento de Justicia encontró causa razonable para creer que ocurrió un patrón o práctica de conducta inconstitucional y/o violaciones de la ley federal en varias áreas, entre las que se incluyen:

  • Prácticas de acción policial discriminatorias, entre las que se incluyen paradas, detenciones y arrestos ilícitos de hispanos;
  • Represalias ilegales contra personas que hacían ejercicio de su derecho de la Primera Enmienda de criticar las políticas o prácticas de la MCSO, incluidas, entre otras, prácticas relacionadas con el tratamiento discriminatorio dado a los hispanos; y
  • Prácticas carcelarias discriminatorias contra presidiarios hispanos con conocimientos limitados del idioma inglés, al castigarlos y negarles servicios críticos.

El Departamento de Justicia encontró una serie de deficiencias sistémicas antiguas y enraizadas que provocaron o contribuyeron para estos patrones de conducta ilícita, incluidos:

  • Ausencia de implementación de políticas que orientaran a los delegados respecto de prácticas policiales;
  • Permitir que unidades especializadas utilizaran prácticas inconstitucionales;
  • Capacitación inadecuada;
  • Supervisión inadecuada;
  • Un sistema disciplinario, de supervisión y de rendición de cuentas por actos propios ineficaces; y
  • Falta de supervisión y responsabilización externas suficientes.

Además de estas conclusiones formales de patrones o prácticas, la investigación reveló áreas adicionales de gran preocupación, incluidas:

  • Uso de fuerza excesiva;
  • Prácticas policiales con el efecto de comprometer significativamente la capacidad de la MCSO de proteger adecuadamente a los residentes hispanos; y
  • Falta de investigación adecuada de alegatos de agresiones sexuales.

Si bien no hubo hallazgos formales de violaciones de patrón o práctica en conexión con estos temas, la investigación continúa en curso.

“La indiferencia sistemática de la MCSO respecto de protecciones constitucionales básicas ha creado un muro de desconfianza entre la oficina del Alguacil y grandes segmentos de la comunidad, lo cual compromete significativamente la capacidad de la misma de proteger y servir al pueblo", dijo Thomas E. Perez, Secretario de Justicia Auxiliar de la División de Derechos Civiles. “Los problemas están profundamente enraizados en la cultura de la MCSO, y se ven agravados por la tendencia de a MCSO a las represalias contra las personas que dicen lo que piensan”.

La investigación exhaustiva e independiente del departamento consistió en un análisis profundo de las prácticas de la MCSO, así como la participación extensa de la comunidad.  Abogados, investigadores y expertos del Departamento realizaron entrevistas con más de 400 personas, incluidos 75 supervisores y delegados actuales y anteriores de la MSCO, entre los que se incluyó el Alguacil Arpaio y 150 actuales y anteriores presidiarios de la MCSO.  Además, el departamento analizó miles de páginas de documentos.  Muchas de las entrevistas y gran parte de este análisis se demoró cuando la MCSO se negó a proveer los documentos y el acceso requeridos.  Finalmente, la MCSO brindó el acceso y los documentos requeridos después de que el departamento entabló una demanda bajo el Título VI en septiembre de 2010.

Abordar los hallazgos de la investigación, y reformar la MCSO, requiere un compromiso sostenido para con un cambio estructural, cultural e institucional de largo plazo.  La MCSO debe desarrollar e implementar nuevas políticas y procedimientos, y capacitar a sus agentes en servicios policiales eficaces y constitucionales.  Además, la MCSO debe implementar sistemas para garantizar la responsabilización y eliminar la parcialidad ilícita de todos los niveles de la toma de decisiones asociadas a la aplicación de la ley.

El departamento buscará obtener un acuerdo con fuerza ejecutoria judicial e intentará trabajar con la MCSO y funcionarios del Condado de Maricopa en el desarrollo y la implementación de un plan de reforma integral con la supervisión judicial necesaria para corregir las violaciones de la Constitución y la ley federal.  “La acción policial eficaz y la acción policial constitucional van de la mano.   El desarrollo y la implementación de reformas significativas ayudarán a reducir el delito, asegurando el respecto por la Constitución y garantizando que el pueblo del Condado de Maricopa confíe en el compromiso de la MSCO hacia hacer valer la ley de manera justa y efectiva", dijo Thomas E. Perez.  “Esperamos resolver las inquietudes detalladas en nuestras conclusiones de manera conjunta; sin embargo, no hesitaremos en tomar la acción legal correspondiente si la MCSO elige una línea de acción diferente”.

Esta investigación fue conducida por la Sección de Litigios Especiales de la Sección de Coordinación y Cumplimiento Federales de la División de Derechos Civiles con la asistencia de profesionales de las fuerzas del orden público, incluidos ex jefes de la policía, un asesor en prácticas carcelarias y un asesor en análisis estadístico.  Los miembros de la comunidad del Condado de Maricopa que deseen brindar información al Departamento para el avance de esta investigación pueden llamar al 1-877-613-2137 o enviar un mensaje de correo electrónico a community.maricopa@usdoj.gov.

Se puede encontrar el informe entero en http://www.justice.gov/crt/about/spl/mcso.php.  Para obtener más información sobre la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, visite www.justice.gov/crt.

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11-1645
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