La Ley de Libertad de Información [Freedom of Information Act (FOIA)] fue aprobada por el Congreso en 1996 para darle al público el derecho de acceder a los registros del gobierno federal. La FOIA le da al público el derecho de solicitar acceso a registros del Poder Ejecutivo del gobierno. Además, exige que las agencias busquen esos registros seleccionados y le entreguen copias al solicitante a menos que los registros contengan información que esté protegida contra la divulgación obligatoria. El Congreso brindó protección contra la divulgación obligatoria a información contenida en registros que, por ejemplo, invada la privacidad de una persona, revele información comercial confidencial, impida tareas de coacción o revele comunicaciones confidenciales. La FOIA también les exige a las agencias que dejen automáticamente disponibles al público algunos tipos de registro.

Dado que la FOIA solo se aplica a registros del Poder Ejecutivo del gobierno federal, no brinda acceso a registros mantenidos por el Congreso, los tribunales federales, las oficinas asesoras del Presidente, agencias estatales o locales, o por empresas o personas privadas. Todos los estados tienen sus propios estatutos respecto del acceso público a registros del gobierno estatal y local. Se debe consultar a las agencias estatales para recibir más información sobre la obtención de acceso a registros estatales.

Cada agencia federal es responsable de cumplir con sus responsabilidades de la FOIA respecto de sus propios registros.